Relanzando el cambio

1. Relanzando el cambio

Tras la victoria en las elecciones legislativas de octubre, que consolidaron la posición política y social del actual partido gobernante, el Gobierno relanzó la política económica, introduciendo iniciativas en numerosos planos. La estrategia hacia delante se centra en tres pilares dirigidos a incrementar la tasa de inversión y la competitividad de la economía. Ellos son la reforma del sistema fiscal (incluyendo cambios en el sistema tributario, en la relación con las provincias y en los niveles de gasto en los tres niveles jurisdiccionales), en el mercado laboral-previsional (blanqueo, baja impositiva y reforma previsional) y reformas legales dirigidas a mejorar las instituciones.

2. Una reforma tributaria tan necesaria como heterogénea

El primer elemento es una amplia reforma tributaria, que incluye diversos cambios en tributos de origen nacional, dirigidos a reducir los costos laborales y las ineficiencias económicas e incentivar la inversión mediante la reducción de la carga tributaria en las utilidades no retenidas y una devolución anticipada del IVA. Las medidas se van a ir incorporando de forma progresiva, con un impacto inicial que representa una pérdida de 0,3% de la recaudación en 2018, hasta llegar, de acuerdo a nuestras estimaciones, al 1,8% del PBI (el cálculo del Gobierno las situaba en 1,5% del PIB).

Dejando de lado modificaciones en impuestos internos con impacto micro pero baja relevancia macro, la reducción de la presión impositiva tiene 3 componentes principales: el impuesto al cheque como pago a cuenta de ganancias; la introducción de mínimos no imponibles para las contribuciones de la seguridad social y la desgravación de la reinversión de las utilidades. En contraposición, se disponen incrementos menos relevantes en algunos impuestos: subas en el IVA por la eliminación de la posibilidad de tomar a cuenta parte de las contribuciones laborales según la zona geográfica; unificación de la alícuota de las contribuciones sociales a 19,5% en forma escalonada desde el 17%-21% de la actualidad; y la aplicación del impuesto a la renta financiera a las personas físicas.

3. Ordenamiento laboral

El segundo pilar de las reformas es la ley de Ordenamiento Laboral, que se complementa con las bajas de las contribuciones laborales mencionadas en el punto anterior. En forma paralela a la búsqueda de modificaciones a nivel micro en los convenios colectivos (Vaca Muerta, sector automotriz), se presenta un proyecto de ley con 130 artículos que busca generalizar las medidas ya consensuadas en acuerdos puntuales. Conjuntamente con un blanqueo laboral, el espíritu de la reforma consiste en reducir los costos laborales; acotar la industria del juicio laboral; flexibilizar las condiciones laborales; incrementar la formalidad laboral y generar nuevos empleos.

4. Consenso fiscal: un juego a tres bandas

Junto con el envío de las reformas al Congreso, el Gobierno negoció con los Gobernadores un Consenso Fiscal, que incluyó los juicios pendientes en la Corte Suprema (incluyendo el Fondo del Conurbano), la firma de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la coparticipación del impuesto a las Ganancias y al Cheque, bajas de los ingresos brutos y sellos así como cambios en el régimen previsional. Los efectos en el 2018 del “Consenso Fiscal” para toda la economía serían en general neutros, aunque con efectos redistributivos. Se produciría un deterioro de los ingresos del Tesoro, que se compensa con una mejora en la ANSeS y un menor gasto previsional. La PBA ve mejorada su posición mientras que el resto las provincias mantienen sus ingresos a costa del Tesoro.

En este contexto, el gran desafío pasará por complementar la reducción de la presión tributaria con un importante control del lado del gasto público, que fue el que se expandió en forma más explosiva en los últimos años. En éste sentido, la ley de responsabilidad fiscal permitiría un ajuste del gasto público consolidado, al incluir a las provincias y a los municipios. Recordemos que el actual secretario de política económica había estimado un ajuste del gasto del 4,6% del PIB entre el 2017 y el 2023, pero que alcanzaría el 8,2% del PIB si también se registra un ajuste de las provincias que acompañaría la política del sector público nacional.