Informe económico | EL AMARGO REMEDIO DE LA CORRECCIÓN TARIFARIA

25 de abril de 2018

 

  1. Tarifas e inflación detrás del deterioro de las percepciones
  • A pesar de buenas noticias en materia de nivel de actividad e indicadores sociales (desempleo y pobreza en caída), la suba de tarifas y el consiguiente rebrote inflacionario generaron, como en el año 2016, un contrapunto político que esta vez incluyó desde opositores hasta aliados. Este flanco político se deriva del clima de deterioro del humor social y de las expectativas, con la inflación volviendo a ser una de las principales cuestiones que afectan a los argentinos.
  • El combo de percepciones y expectativas en retroceso coincide, no casualmente, con un deterioro de las proyecciones económicas de corto plazo. Sin embargo, ese deterioro en las proyecciones no persiste para el mediano y largo plazo. Es que el rebrote inflacionario responde a “sorpresas inflacionarias” concentradas en los primeros meses del año, mientras que la inflación proyectada para la segunda parte del año permanece sin cambios (o incluso cae). En la misma dirección, ha caído (y lo hará aún más) la proyección de crecimiento para este año, pero se mantienen (y hasta mejoran) las expectativas de crecimiento para los años siguientes.
  • Lo anterior implica que, superado al amargo trago de corto plazo, el Gobierno revertiría el actual bajón de las encuestas, probablemente ya hacia la segunda parte del año. Con ese convencimiento, se decidió mantener el rumbo y los cambios tarifarios, a pesar de quejas de amigos y enemigos, asumiendo que es preferible pasar el mal trago (“pozo de aire”) de la corrección de las tarifas para así poder reducir el déficit fiscal, y de esa manera poner las bases para el crecimiento posterior.

 

  1. Analizando las tensiones tarifarias
  • Desde su llegada al Gobierno, la administración Macri busca corregir gradualmente los desequilibrios que llevaron al estancamiento económico que arrancó a fines del 2011. Uno de los principales desequilibrios surgía de la falta de actualización de las tarifas de los servicios públicos, herramienta de la administración anterior para intentar (vanamente) contener la inflación, al costo de una fuerte desinversión sectorial y de multimillonarios subsidios económicos. La necesidad de la corrección era evidente, lo único que se discutía (y discute) es la velocidad y forma de hacerlo.
  • Cuando se observa la evolución de los diversos precios de la economía desde fines del 2015 a la actualidad, se comprueba que los precios de los productos regulados han sido por lejos los de mayores incrementos, sobrepasando ampliamente la dinámica del tipo de cambio, la inflación núcleo y los salarios privados registrados. Comparando el costo promedio de los cuatros servicios públicos (electricidad, gas, agua y transporte público) respecto a la evolución de los salarios del sector privado registrado, se confirma el fuerte abaratamiento relativo de los servicios públicos durante la era K, que comenzó a revertirse durante el año 2016. Mientras en el año 2001 el costo de los servicios públicos equivalía aproximadamente a 13,1% del salario promedio de un asalariado registrado, dicho valor se redujo a sólo 2,6% hacia fines de la administración anterior, y en la actualidad ese costo se ubica en torno al 8% de los salarios.
  • El incremento de las tarifas y su mayor incidencia en el salario implica que los consumidores deben relegar el consumo de otros bienes y servicios que habían incorporado en el período de servicios públicos “regalados”. Este desplazamiento del consumo desde las familias alcanza a un 0,6% del PIB, la mayor parte de lo cual lo recibe el Estado (baja de subsidios), y una parte menor lo reciben las empresas para recomponer márgenes (e invertir). En el acumulado 2016/2018, el desplazamiento del consumo (mayores pagos de tarifas) de las familias alcanza a un 1,5% del PIB%.
  • La contracara de la suba de las tarifas de los servicios públicos es la mejora del resultado fiscal que viene desde dos frentes simultáneos. Por un lado, el aumento de las tarifas se traduce en menores necesidades de transferencias del fisco en subsidios al sector privado. Pero por otro lado, el ajuste de las tarifas de los principales servicios públicos (electricidad, gas y agua) determina un incremento de la recaudación tributaria, principalmente a partir de mayores pagos netos de IVA. Ambos conceptos contribuirían favorablemente a la reducción del déficit y explicarían casi toda la mejora del rojo fiscal en este año.


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